Aunque la Agencia de Protección de Datos prohíbe el uso de videocámaras en centros educativos, un centro de Badalona las utiliza para controlar la asistencia a clase de alumnos de primero de ESO.
Un instituto de Badalona se ha situado en el centro de la polémica por utilizar un sistema de reconocimiento facial que permite controlar la asistencia a clase de los alumnos de primero de ESO.
En el instituto hay instaladas dos cámaras que permiten identificar a 50 alumnos en menos de un minuto y si a primera hora algún estudiante no ha pasado por alguno de los terminales ubicados en la entrada o en el pasillo, el sistema avisa automáticamente a los padres a través de un mensaje de texto.
Sin embargo, aunque suena muy práctico y eficaz, este sistema tiene muchos detractores por lo que implica a nivel de privacidad. De hecho, la Agencia de Protección de Datos prohíbe expresamente el uso de videocámaras en centros educativos.
En España, según recoge la Guía de información educativa de Badalona, el Instituo Enric Borràs es uno de los centros que usa el seguimiento de asistencia para alumnos de 1º de ESO mediante un sistema de reconocimiento facial desde hace ya dos años.
Además, dos colegios privados de Barcelona y Madrid también han usado este sistema en años anteriores.
Los expertos consideran que esta medida no está dentro de la ley y que hay más métodos para controlar la asistencia de los alumnos a clase sin la necesidad de utilizar videocámaras. Sin embargo, para otros, el reconocimiento facial que ya se utiliza en cajeros o restaurantes es el futuro.
Esta información se sitúa en el blanco de la polémica justo después de que la Fiscalía propusiera la instalación de cámaras en las aulas para frenar los abusos a menores.
Primera multa a un centro sueco por usar este sistema
Precisamente un instituto de Suecia fue multado con más de 18.000 euros por utilizar esta tecnología sin el consentimiento de los estudiantes.
Pese a tener el consentimiento expreso de algunos padres de alumnos, la Agencia de Protección de Datos del país multó a la escuela, que estaba probando un programa por el que las cámaras se usarían durante tres semanas con 22 alumnos.